DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS EMPRESARIOS VASCOS ANTE LA PROPUESTA DEL LEHENDAKARI

Confebask, como representante del conjunto de los empresarios vascos con independencia de su tamaño, ideología y adscripción territorial o sectorial, se define por su carácter de organización plural, independiente, institucionalista y comprometida con Euskadi y sus gentes.

Tales características hacen que nuestros pronunciamientos respecto a la trascendente dimensión de los acontecimientos e iniciativas que esa situación viene desencadenando, así como la directa afectación que los mismos ejercen o pueden ejercer sobre la esfera económico-empresarial nos obligan, sin embargo, al pronunciamiento público que hoy os trasladamos.

Un pronunciamiento que realizamos –y esto quisiéramos recalcarlo- desde una reflexión muy meditada, profunda, internamente compartida y, como es nuestra costumbre, guiada por el mayor respeto y afán constructivo.

Lo venimos diciendo reiteradamente desde hace mucho tiempo. La degradación que soporta la escena política vasca y su traslado a las instituciones , la asintonía de esfuerzos frente a la violencia, el alejamiento que empieza a vivirse entre comunidades y la priorización en muchos casos de los intereses partidistas frente a los generales de la sociedad conforman hoy en Euskadi una dura realidad que corre el riesgo cierto de trasladarse a los ámbitos de convivencia de la sociedad civil.

Esa falta de un diálogo sereno y constructivo entre los partidos políticos, junto con la política de hechos consumados y el permanente cuestionamiento del marco jurídico que da soporte a nuestra Autonomía, sea a través de su dilatado incumplimiento o su desbordamiento, están sembrando en la sociedad vasca un importante clima de incertidumbre y preocupación.

Todo ello, además, en un escenario donde la violencia terrorista sigue socavando los elementos más esenciales de nuestra democracia, esto es, respeto a la vida, a la libertad y a la pluralidad, y extendiendo la coacción y la amenaza a un creciente número de personas y colectivos de nuestra sociedad, entre ellos –queremos recordarlo también- el empresarial.

El escenario es, pues, muy complejo y muy difícil.

El pasado día 27 de septiembre el lehendakari daba a conocer en el Parlamento vasco su alternativa para salir de esta situación. Hoy hemos tenido la oportunidad de ser directamente informados de los fundamentos, líneas estratégicas y consecuencias de la misma. Por supuesto, también de trasladarle la reflexión que de ella realizamos los empresarios vascos.

A la hora de valorar la iniciativa que sitúa el lehendakari en el debate político y social y sin entrar a juzgar determinadas expresiones o valoraciones concretas, los empresarios vascos pensamos que si la violencia es el principal problema del País Vasco, acabar con ella y sus efectos debe constituir también la primera y más importante prioridad colectiva. En nuestro corto discurso político, ése es el mensaje que reiteradamente hemos venido trasladando: hay que ganar la paz y la normalidad y hay que hacerlo, además, desde la unidad, el respeto y la búsqueda de salidas consensuadas.

No resultaría entendible, si ese fuera el caso, que la erradicación de la violencia pudiera en modo alguno condicionar o alentar los proyectos políticos de Euskadi, su marco jurídico o su modelo de sociedad.

Por otra parte, los empresarios vascos pensamos que la propuesta del lehendakari en un momento tan difícil y delicado como el que hemos descrito, y especialmente cuando es planteada desde la unilateralidad y el sometimiento a un plazo, corre el riesgo de ahondar en la crispación y la división actualmente existentes a nivel político e institucional y coloca a la ciudadanía frente a la necesidad de optar por un determinado modelo de país y de encaje institucional y político que podría desembocar en la fractura y el enfrentamiento social.

En un escenario de confrontación de esa naturaleza resultaría difícil mantener un nivel de actividad y desarrollo económicos como los que ha logrado el País Vasco y que si se explican en un escenario de violencia como el que padecemos es, precisamente, porque no ha existido fractura en la convivencia ciudadana.

En cuanto al impacto económico-empresarial concreto de la propuesta efectuada por el lehendakari, quisiéramos destacar que lo que se abren con ella son nuevas incertidumbres en una situación donde éstas son ya muchas.

De todos es sabido que la inestabilidad, la división, el mantenimiento de la violencia y el cuestionamiento del marco jurídico, no son, en modo alguno, propicios para el desarrollo de la actividad económica y la creación de empleo.

Una situación así, en un momento económicamente delicado, y más si se prolonga en el tiempo, puede acabar afectando a las decisiones empresariales de inversión, de ubicación y de compra y a los mercados de destino y consumo de nuestros productos.

No olvidemos, además, que, tal y como corresponde a una economía interdependiente como la vasca, en nuestro tejido empresarial hay empresas de aquí venden sólo en Euskadi, otras que tienen a sus principales clientes en España, la UE o el mundo, empresas españolas con centros de producción y de trabajo en el País Vasco y otras de capital fundamentalmente extranjero.

Quede muy claro también que cuando decimos esto, cuando hacemos nuestra valoración, los empresarios vascos no nos estamos posicionando sobre cuáles han de ser los marcos, límites o formulaciones concretas del autogobierno de Euskadi. Eso sólo corresponde determinarlo a las instituciones y las fuerzas políticas legitimadas para ello.

Lo único que se pide desde el colectivo empresarial es la existencia de los referentes clarificados y normalizados que de forma imprescindible requiere cualquier sociedad y, por supuesto, la actividad económica.

Desde este punto de vista, interpretamos que un cuestionamiento unilateral de los marcos jurídicos y de actuación establecidos podría resultar contraproducente.

La estabilidad de nuestro marco jurídico-institucional y el consenso establecido en torno al mismo a lo largo de estos años creemos que ha sido, además de un factor muy importante en nuestro actual nivel de crecimiento, bienestar y progreso.

A nuestro juicio, ello exige también la materialización de las transferencias pendientes, una cuestión ésta legal y legítima que, además, proporciona estabilidad al marco institucional. Estabilidad que tampoco tiene que ser quebrada por la petición de un mayor número de competencias.

Debemos ser conscientes de que los marcos de juego han de evolucionar conforme lo hagan las realidades a las que dan respuesta y a nadie deben de asustar los cambios.

Partiendo de todo lo expresado, los empresarios vascos consideramos que un proceso realizado en las condiciones que indicamos a continuación sería positivo para la paz:

• Tener en cuenta que la preocupación y objetivo del actuar político debe ser la erradicación de la violencia de ETAy la consecución de la plena libertad para todas las personas y opciones.

• Procurar el máximo consenso (o, al menos, el mismo consenso que los instrumentos de convivencia actualmente existentes) para evitar el riesgo cierto de una fractura irreversible en la ciudadanía y actuaciones política, social y económicamente lesivas para los vascos.

• Que todas las partes respeten escrupulosamente toda la legalidad vigente

• Y por último, la exigencia a los Gobiernos central y vasco y a todas las fuerzas políticas democráticas de que rompan la incomunicación existente y recuperen la imprescindible interlocución política e institucional.